No puede escapar a la reflexión jurídica el papel decisivo que juega la informática en las actividades del Estado al permitir una mayor y mejor información, así como al reforzar sus poderes. Pero, también , por esto mismo, se hizo patente la necesidad de establecer un control más severo a las aplicaciones informáticas que se dedicaban al almacenamiento y búsqueda de datos personales a través de los llamados "Bancos de Datos", porque se entendía que deberían preservarse las libertades públicas y privadas reconocidas como garantías constitucionales, en vista de los atentados que podrían sufrir dichas libertades y los ciudadanos a raíz de la informatización de la sociedad"

Dos son las tendencias que han surgido frente a este problema. Por un lado, los países del Common Law se orientan hacia la protección de la vida privada, mientras que los países de Europa Occidental han contemplado el problema bajo el punto de vista de las garantías de las libertades públicas.

En Estados Unidos la ley que regula esta problemática es la "Privacy Act" de 1974, cuya finalidad cabalmente es la protección de la vida privada, aunque también en ella se prevé el derecho de acceso al conocimiento de las informaciones.